Agenda # 6 Ensayo "Ni Falsos Ni Positivos"

NI FALSOS NI POSITIVOS

Alix Yaneth Panesso Ruiz.

lixparu@hotmail.com.

Estudiante de primer semestre de la Facultad de Derecho y ciencias políticas de la Universidad de Antioquia, sede Sonsón.

Artículo 1.“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”…

                                                     Declaración Universal de Derechos Humanos.

Introducción

El propósito de este ensayo acerca de los falsos positivos en Colombia es demostrar la culpabilidad y la impunidad de las fuerzas militares en los diferentes casos que a partir del año 2001 empezaron a presentarse en nuestro país y que para el año  2008 empezaron a salir a la luz pública. Los falsos positivos son asesinatos de civiles inocentes, por parte de las fuerzas militares, para presentarlos como bajas en combate. En el Derecho Internacional Humanitario a estos sucesos se les conoce como ejecuciones extrajudiciales.

El escándalo que tanto nos ha horrorizado sobre los falsos positivos, ha involucrado a miembros del Ejército de Colombia con el asesinato de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco del conflicto armado que vive el país.

Estos asesinatos han tenido como objetivo principal, presentar resultados por parte de las fuerzas armadas del combate del estado;  a estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona protegida.

En el año 2008 se conoció el caso de la desaparición de varios jóvenes de Soacha, Cundinamarca. Personas desempleada que fueron reclutadas y meses después encontradas por sus familiares y presentados por el ejército como guerrilleros dados de baja en combate; los cuerpos fueron hallados en Ocaña, Norte de Santander; ciudad con una distancia de unos 550 kilómetros de la capital de la república. A esto se le agrega que en un informe de 2010 la Fundación para la Educación y el Desarrollo (FEDES)  reportó, “las madres de los jóvenes desaparecidos [de Soacha] vienen siendo objeto de un sistemático hostigamiento con el único e inequívoco propósito de desalentar esta noble lucha. Se ha establecido que “son en total 11 las amenazas que han recibido las familias denunciantes de los falsos positivos más las proferidas contra el personero de Soacha...” (1). Otro ejemplo de hostigamiento que podamos citar es “el caso de las niñas y los niños de Tame, en el que se han verificado numerosos actos de intimidación y amenazas a testigos, víctimas y representantes de las víctimas (2).

Estos no son sino algunos ejemplos, ya que las intimidaciones y amenazas son prácticas corrientes en procesos por violaciones de derechos humanos contra miembros de la Fuerza Pública. “Los mismos actos de descalificación y estigmatización de quienes denuncian los delitos cometidos por miembros del Ejército, tienen por objetivo también amedrentar a víctimas y testigos.” (3)

1.     FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, “la Guerra se mide en Litros de Sangre”,

pág. 46

2.     Ibíd y p 46

3.     Ibíd y p 46

En investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación, también se rebeló que en el caso del falso y supuesto atentado terrorista en Bogotá, los militares no solo buscaron el “positivo”, sino también beneficiarse de la recompensa de cinco millones de pesos que se ofrecía en el momento. El objetivo de estos asesinatos es demostrar resultados positivos y cobrar las recompensas que ofrece la Directiva 029 del Ministerio de Defensa Nacional que pagaba hasta “3,8 millones de pesos por cabecillas y miembros de guerrillas”.(4) Éste era el nivel al que pertenecían todos los falsos positivos presentados por las fuerzas militares como guerrilleros muertos en combate. A partir de esto, nos podríamos preguntar: ¿es posible que la política de seguridad democrática financiara el presupuesto para pagar estas recompensas? La respuesta a esta pregunta podría ser afirmativa, teniendo como referencia el  aumento del impuesto de guerra para financiar la supuesta seguridad, pero lo que nunca se imagino el país es que iba a ser cobrada a cuenta de la muertes de civiles inocentes.  

Aunque en el 2010 se han reducido los casos de falsos positivos,  especialmente en Antioquia, uno de los departamentos más afectados por este tipo de delitos que cometen las fuerzas militares;  los obstáculos en los procesos no los dejan avanzar,  entre ellas podríamos mencionar  las prácticas dilatorias de los abogados de los uniformados y  las amenazas contra testigos y fiscales que llevan los procesos.

En opinión del relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston: “Aunque elogia las medidas tomadas por el Gobierno al respecto, el profesor Alston no ahorró críticas para la Ley de Víctimas que se hundió el jueves y calificó las amenazas contra algunas víctimas de falsos positivos como “un hostigamiento sistemático de los militares hacia los sobrevivientes”. Así lo afirmó en el texto que el jueves presentó a los medios de comunicación. A esto se le puede añadir el alto número de crímenes que siguen en la impunidad presentados como casos de falsos positivos, esta cifra también  la dio a conocer el profesor  Philip Alston en un informe publicado tras su visita en junio de 2009 al país.

4.     REVISTA SEMANA,Op.cit.,p.46

“Aunque estos asesinatos no fueron cometidos como parte de una política oficial, encontré muchas unidades militares comprometidas con los llamados falsos positivos, en los cuales las víctimas eran asesinadas por militares, a menudo por beneficio o ganancia personal de los soldados. Generalmente las víctimas fueron atraídas bajo falsas promesas por un reclutador hasta una zona remota donde eran asesinadas por soldados, que informaban luego que habían muerto en combate. Agrego: la actual tasa de impunidad en relación con presuntas ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad, llega hasta el 98,5% según fuentes creíbles y es demasiado alta”. (5).

En otro de los informes entregados por la Fiscalía General de la Nación, se evidencia que a pesar de que existen investigaciones abiertas, estas no avanzan con celeridad, y la mayoría de ellas permanecen en la etapa preliminar de la investigación durante años. “Las cifras obtenidas de la Unidad de Derechos Humanos de dicha Fiscalía, indican que un 88,9% de los procesos por ejecuciones cometidas desde 2000 (es decir que algunas de ellas fueron cometidas hace más de 10 años), se encuentran en etapa de investigación. Por ejemplo, por un caso de falso positivo de Sumapaz, Cundinamarca, del año 2006, no se ha tomado aún declaración de indagatoria, a pesar de existir claras evidencias respecto de sus presuntos responsables (una de las víctimas sobrevivió)”. (6) .

“Se producen a veces retardos causados por disputas sobre la competencia territorial de los jueces. Por ejemplo, en los casos de falsos positivos, típicamente la víctima fue desaparecida en una localidad y ejecutada en otra, que es donde luego se encuentra el cadáver. En principio, son entonces dos las jurisdicciones que podrían conocer del caso. También se plantean demoras en el traspaso de casos de expedientes de la justicia penal militar hacia la justicia penal ordinaria.” (7)

5.     ARDILA ARRIETA, Laura, Periódico El Espectador, “Esos son asesinos a sangre Fría”, junio 2009

6.     FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, Op. Cit. , p. 4.

7.     FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, “la Guerra se mide en Litros de Sangre”, pág. 46

Uno de los orígenes fundamentales que desencadenan en retrasos excesivos señalado comúnmente es el de la Defensoría Militar, más conocida como la “DEMIL”. La DEMIL es una organización que toma a su cargo la defensa de militares en los procesos en que los mismos son acusados de violaciones de derechos humanos y DIH. Su actuación se caracteriza por la utilización de medidas de aplazamiento procesal para impedir el avance ordinario y normal de los procesos. La DEMIL es una organización privada, que tiene fuertes lazos con las Fuerzas Armadas, un ejemplo de ello, es que cuenta entre sus miembros con militares activos o retirados y tiene sede en unidades militares. La DEMIL busca impedir la búsqueda de la verdad, incluso haciendo presión sobre defendidos y testigos para que no cuenten lo que saben, especialmente cuando se trata de prueba sobre la responsabilidad de los más altos responsables. Así su accionar cumple un doble objetivo: “1) dilatar e impedir el avance de los procesos; y 2) la protección de los máximos responsables, a través de presiones para evitar que se divulgue información que impida  que los involucrados puedan ascender en la escala de mando.(8)

Entre las artimañas dilatorias, se han citado por ejemplo: la solicitud abusiva de suspensión y aplazamiento de audiencias, la no concurrencia de abogados de los defendidos a las audiencias, lo cual causa el aplazamiento de dicha diligencia judicial o el cambio reiterado y excesivo de abogados defensores, incluso se ha llegado a la renuncia al poder en medio de audiencias, así como también el interposición improcedente y abusiva de recursos.

Uno de los problemas más frecuentes en los procesos judiciales de los uniformados implicados en estos casos, es la figura de vencimiento de términos, en donde la justicia en su demora por definir si los casos los lleva la justicia militar o la justicia ordinaria, tarda hasta que se vencen los términos y los militares implicados en estos delitos quedan libres aumentando la impunidad en estos crímenes.

8.     FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, “la Guerra se mide en Litros de Sangre”, pág. 46

9.     Ibíd,p. 46

CONCLUSIONES

Esta comprobado jurídicamente que las fuerzas militares si tuvieron participación en los más de 1800 casos de falsos positivos; además, con la ayuda de grupos paramilitares que reclutaban campesinos para asesinarlos y después darlos al ejército para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, así lo dijo el jefe paramilitar “Daniel Rendón Herrera, alias ‘Mario’; quien afirmo durante una audiencia en Bogotá que participó en operaciones que concluyeron en 180 falsos positivos en el Meta, con la colaboración de varios uniformados del ejército” .

Está es otra muestra de los vínculos que existen entre las fuerzas militares y los grupos de paramilitares, los cuales en años anteriores han demostrado su cooperación en diferentes masacres ejecutadas por paramilitares con ayuda del ejército nacional.

Se puede apreciar el alto índice de impunidad en la judicialización de los culpables, una arbitrariedad por parte de la justicia en casos que deberían  ser resueltos más rápidamente y en los cuales se debe aplicar todo el peso de la ley con todo su rigor e imparcialidad sobre  los responsables de dichos crímenes.

Es el ejército el brazo del gobierno elegido para proteger a la población civil y deben de dar ejemplo con su comportamiento, pero podemos evidenciar que por el contrario se han dedicado con sus actos a demostrar que son grandes combatientes con actos ilegales e inhumanos en contra de la población civil.

BIBLIOGRAFIA:

1.    EL PAIS. CORTE PENAL INSTITUCIONAL ANALIZA “FALSOS POSITIVOS” EN COLOMBIA. EL PAIS. Junio 13 de 2012.

2.    EVANS, Michael. LOS “FALSOS POSITIVOS” SON UNA PRACTICA VIEJA EN EL EJERCITO. Semana. Enero, 2009.

3.    FEDERACION INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA. LA GUERRA SE MIDE EN LITROS DE SANGRE. FEDERACION INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Junio, 2012; p.p 56.

4.    MELO RODRIGUEZ, Luz Martha y ROJAS MANCIPE, Laura. ENTRE TITULARES, IMAGINARIOS, FALSEDADES Y POSITIVOS. “A.1”. 3. Diciembre, 2011; p.p 145.

5.    REVISTA SEMANA. VERDADEROS FALSOS POSITIVOS. Semana. Edición No. 1.282. noviembre 27 a Diciembre 4, 2006; p.p. 54 – 55.